Ni un minuto más a la violencia contra las mujeres

Desde hace cinco años en la Ciudad de Guatemala han aumentado los asesinatos de mujeres, tan misteriosos como brutales.

Diariamente, mujeres jóvenes desaparecen en la Ciudad de Guatemala, y sus cuerpos son descubiertos días después en bolsas plásticas o al aire libre. En muchos casos, sus rostros y cuerpos han sido mutilados, o muestran señales de tortura.

El año pasado fueron asesinadas 590 mujeres, muchas de ellas víctimas de la guerra de pandillas. Otras murieron a manos de sus esposos o novios. También hubo casos de estudiantes y de trabajadoras que no tenían vínculos con la delincuencia y simplemente desaparecieron, hasta que sus cuerpos fueron encontrados.

El denominador común de estas mujeres es que sus casos no han llegado a ninguna parte y la mayoría de sus familiares ha reportado la indiferencia de las autoridades.

De esta forma, cuando un cuerpo es encontrado el crimen es descalificado y se justifica la falta de interés para investigar con comentarios señalando a la víctima como integrante de una pandilla o prostituta.

Por otro lado, Guatemala es todavía un país en el cual un violador puede eludir cargos casándose con su víctima y donde los culpables, en casos de violencia doméstica, sólo pueden ser perseguidos si la víctima muestra magulladuras diez días después del hecho.

Al acercarse la fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría Presidencial de la Mujer, presentó los resultados del Proceso de Validación del Pacto Nacional de la Mujer realizado en cuatro regiones específicas del país.

“Principalmente nuestro trabajo en este sentido está orientado a apoyar acuerdos que puedan establecerse en instancias gubernamentales de la sociedad civil, fundamentalmente a nivel municipal, para impulsar los aspectos relacionados con la seguridad de las mujeres en diferentes campos, como en la salud, en el jurídico, autonomía económica dentro del hogar, seguridad familiar y comunitaria”, afirma María Gabriela Núñez, directora de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

Por su parte, la licenciada Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, indica que el tema de la violencia afecta a toda la sociedad: “Creo que el sistema de gobierno en general, y específicamente el de justicia, es el principal actor para reducir la violencia contra la mujer en Guatemala. El estado a través del sistema de justicia está llamado a combatir la impunidad, investigar los crímenes y aplicar las sanciones correspondientes.

En relación a esto, el poder Legislativo debe dedicarse a emitir leyes que realmente apuntalen la democracia, porque es necesario evaluar la legislación en muchos aspectos, pues varios de ellos contribuyen al fomento de hechos violentos.

El poder Ejecutivo por su parte tiene la obligación de coordinar las acciones de las distintas dependencias encargadas de velar por la seguridad ciudadana, como el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional y la Fiscalía, para hacer efectivas las políticas de seguridad. Esta es una obligación del gobierno, porque la Constitución de la República determina que el principal bien jurídico tutelado a nivel legal es la vida y la seguridad de las personas. El estado guatemalteco desde hace muchos años incumple con esta función fundamental que le asigna la Carta Magna”, concluye.

Karla Rímola Molina

Fuentes: Red de la No Violencia contra la Mujer, El Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala Cerigua, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, www.onucolombia.org, www.nytimes.com.